Volver al blog Blog

Cuando el mar deja de ser un muro

Soraya Mohamedi Mohamed · Psicóloga, especialista en Migración e Inclusión Social · Fundadora y presidenta de Ubuntu Canarias

Una sentencia del Tribunal Supremo limita las devoluciones en caliente a quienes cruzan a nado. Coincide con un repunte de cruces en Ceuta. Qué dice el fallo, qué no explica, y por qué conviene mirar más allá de la coincidencia.

El pasado 8 de julio, el Tribunal Supremo confirmó algo que puede parecer un detalle técnico y que en realidad tiene consecuencias muy concretas: a las personas interceptadas en el mar mientras intentan entrar a nado en Ceuta o Melilla no se les puede aplicar la devolución en caliente.

Qué dice exactamente la sentencia

La ley de Extranjería permite el llamado «rechazo en frontera» —la expulsión inmediata, sin identificación individualizada ni asistencia letrada— a quien supera un elemento de contención físico, como una valla. El Tribunal Supremo ha establecido que el mar no entra en esa categoría. No hay nada material que «superar» en el agua, así que a quien es interceptado nadando se le debe aplicar el procedimiento ordinario de devolución, con más garantías: audiencia previa, motivación de la decisión y revisión judicial.

Es una sentencia que fija jurisprudencia. No cabe recurso.

Menos de diez kilómetros, varias horas de oscuridad

Entre Fnideq (Castillejos) y Ceuta hay menos de diez kilómetros en línea recta, en el punto más estrecho de la franja marítima. Sobre el papel, parece poco. En el agua, de noche, sin embarcación ni apoyo profesional, es otra cosa.

Los testimonios de quienes lo han conseguido hablan de tres y hasta cuatro horas seguidas nadando, sin descanso, entre niebla, viento y oleaje, guiándose únicamente por las luces de la costa ceutí. No siempre se llega. En los últimos días se han recuperado varios cuerpos en aguas de Ceuta de personas que no lograron completar la travesía.

La valla terrestre, de seis metros y doble estructura, se ha vuelto casi imposible de superar. Por eso cada vez más personas eligen el mar: no porque sea más fácil, sino porque perciben que tienen más margen.

Lo que ha ocurrido después de la sentencia

En las últimas semanas, Ceuta ha vivido un repunte notable de cruces: entre 1.500 y 2.000 personas entraron de forma irregular en apenas diez días, la mayoría a nado. El presidente de la ciudad autónoma ha hablado de emergencia humanitaria. La Guardia Civil, a través de su asociación profesional, ha advertido de un posible «efecto llamada» y ha pedido protocolos claros ante lo que describen como un vacío operativo.

Es tentador —y comprensible— unir estos dos hechos en una sola historia: la sentencia habría abierto una puerta, y miles de personas la estarían cruzando. Pero conviene ser cuidadosos con esa lectura. Que dos cosas ocurran en el mismo periodo de tiempo no significa automáticamente que una sea la causa de la otra. Las decisiones de las personas migrantes rara vez responden a un solo factor, y menos aún a una resolución judicial que la mayoría probablemente ni siquiera conoce en detalle.

Quien decide meterse al agua durante tres o cuatro horas de travesía no lo hace por un tecnicismo legal. Lo hace después de haber agotado otras vías, con el cansancio acumulado de intentos anteriores, y con una información que llega fragmentada, a veces manipulada por quienes se benefician de vender el cruce como algo más seguro de lo que es.

La pregunta que sí merece hacerse

Lo que esta sentencia visibiliza, más allá de sus efectos inmediatos, es una tensión de fondo que atraviesa toda la política migratoria europea actual. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde junio de este año, avanza hacia un modelo centrado en el control de fronteras y la rapidez de los procedimientos de retorno. La sentencia del Supremo, en cambio, va en la dirección contraria: amplía garantías, no las reduce.

Esa contradicción no es un problema del tribunal ni de la ley europea por separado. Es el reflejo de un sistema que todavía no ha resuelto qué papel quiere dar a los derechos individuales frente a la gestión de fronteras como problema de seguridad. Y esa indefinición se paga, casi siempre, en el cuerpo de quienes cruzan.

Una última reflexión

Detrás de cada cifra de «1.500 personas en diez días» hay decisiones tomadas bajo una presión que la mayoría de nosotros no llegaremos a comprender del todo: tres horas nadando en la oscuridad, el cansancio de intentos anteriores, la información incompleta, el cálculo de un riesgo que ninguna sentencia puede reducir. Entender ese contexto no exime a las instituciones de legislar con responsabilidad. Pero sí debería obligarnos, antes de sacar conclusiones rápidas sobre causas y efectos, a mirar con más cuidado lo que hay detrás de cada cruce.

— Soraya Mohamedi Mohamed · Psicóloga, especialista en Migración e Inclusión Social